Competencia Juzgado Violencia Sobre La Mujer

Introducción a la violencia contra las mujeres

Algunas de las leyes citadas en este documento pueden contener disposiciones que autorizan la pena de muerte. A la luz de las resoluciones 62/149, 63/168, 65/206 y 67/176 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se pide la moratoria y la abolición definitiva de la pena capital, la pena de muerte no debe incluirse en las disposiciones de condena por delitos de violencia contra las mujeres y las niñas.

Elementos básicos de la legislación sobre violencia domésticaFuentes del derecho internacionalLegislación específica sobre violencia domésticaPlanes de acción nacionales para combatir la violencia domésticaLenguaje específico de género en las leyes sobre violencia doméstica

Derechos de las demandantes/supervivientesOtras disposiciones legislativas importantes para la asistencia a las demandantes/supervivientesAgencia estatal para establecer centros de ayudaConfidencialidad para las demandantes/supervivientesAbogados

Respuesta coordinada de la comunidadImplementación de una respuesta coordinada de la comunidadProgramas de intervención de los agresoresImplementación de las leyes de violencia domésticaLímite de tiempo entre la promulgación y la aplicación de las leyes

Visión general y definiciónTeorías del acoso sexual en el lugar de trabajoObligaciones del empleador en virtud de la leyResponsabilidad del empleador en virtud de la leyEstablecer organismos de aplicación y tribunales especialesProcedimientos especiales para los casos de acoso sexual en el lugar de trabajoImplicación de los sindicatos y otros grupos de empleados

España ley de violencia de género 2004

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son salas penales especializadas asociadas a los Juzgados de Instrucción, establecidas por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia sobre la Mujer. Extraordinariamente estos juzgados también tienen competencias en la jurisdicción civil actuando como Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Están asociados al Distrito Judicial, aunque se puede crear un solo juzgado para cubrir el área de dos o más distritos.

El personal asociado a este Juzgado recibe una formación especial en relación con la violencia de género debido al trauma que sufren las víctimas y a la existencia de vínculos afectivos con el agresor. Además, los Juzgados suelen estar asistidos por psicólogos y asistentes sociales.

La ley fue fundada y cuenta con un amplio apoyo de organizaciones feministas y juristas especializados, que creen que es un paso necesario en su objetivo de «erradicar» la violencia de género contra las mujeres en España, sin embargo las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística[6] muestran que las muertes han aumentado de forma constante desde el inicio de la campaña[7][8].

Violencia doméstica en España 2020

En nuestro podcast ‘New Thinking’, la jueza Courtney Wachal y Megan Sartin hablan del Tribunal de Violencia Doméstica de Kansas City, un tribunal mentor designado por el gobierno federal que ayuda a otras jurisdicciones a mejorar sus respuestas a la violencia doméstica.

Seleccionados por la Oficina de Violencia contra la Mujer, los tribunales mentores de violencia doméstica están disponibles para proporcionar apoyo a las comunidades interesadas en implementar un tribunal especializado en violencia doméstica o mejorar sus respuestas actuales a los casos de violencia doméstica. Además de compartir formularios y materiales de muestra y las lecciones aprendidas en su propia comunidad, organizan visitas de equipos de jueces, personal de los tribunales y otras partes interesadas de la justicia penal y la violencia doméstica. Las visitas in situ son una forma ideal de beneficiarse de la experiencia de otras jurisdicciones. En una visita típica, los visitantes verán la sala de audiencias en acción y conocerán al juez; se reunirán con el personal del proyecto y con otras partes interesadas clave, que estarán disponibles para responder a sus preguntas; obtendrán documentos de muestra; y harán una lluvia de ideas sobre nuevos enfoques para los problemas de su país.

Violencia doméstica en España

En enero de 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra Perú. El caso trataba de varias violaciones de derechos humanos infligidas a María Elena Loayza Tamayo, profesora de la Universidad San Martín de Porres, a quien la División Nacional contra el Terrorismo (DICONTE) había encarcelado bajo la acusación de formar parte del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso.1

El hecho de que este no sea un caso aislado, sino que forme parte de una tendencia creciente en todo el mundo, plantea cuestiones teóricas y empíricas relevantes sobre los enfoques críticos de los derechos humanos y el uso del derecho para promover la justicia en un panorama global.

Al proponer este marco innovador, Santos se opone a la tendencia en la literatura de describir el trabajo de traducción realizado por los «activistas transnacionales» «como unidireccional, ya sea de lo global a lo local, o de lo local a las redes de ONG globales o regionales o a los sistemas internacionales y regionales de normas de derechos humanos» (Santos 2014, 5). En este caso, se pone de acuerdo con Zwingel (2012) para demostrar que «los procesos de difusión y traducción de normas son procesos multidireccionales de apropiación y contestación de normas» (Santos 2014, 5).

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